viernes, 21 de agosto de 2020

La inconstitucionalidad de los actos de la UIF y la legitimidad de los negocios de Antorcha

Andi Uriel Hernández Sánchez

El principio de legalidad, establecido en los artículos 14, 16, 103 y 107 de la Constitución de la República, se refiere a la obligación de todas las autoridades y al Estado mismo a realizar SOLO AQUELLOS ACTOS QUE LA LEY LES PERMITE EXPRESAMENTE. Exceder esos límites pone en grave indefensión a los ciudadanos frente al poder del gobierno. En este sentido, es pertinente denunciar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida actualmente por Santiago Nieto Castillo, se ha excedido de las facultades que le fueron otorgadas en el decreto presidencial del 7 de mayo de 2004, mismo que le dio origen. Actualmente, el congelamiento de cuentas bancarias y su difusión a través de los medios de comunicación, cobijados bajo el doble discurso de la lucha anticorrupción, se ha convertido en una de las armas privilegiadas de persecución y represión política de la 4T.

 La UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda, fue creada como una entidad de seguridad nacional cuyos objetivos son combatir y prevenir el financiamiento utilizado por el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico; así como detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Está facultada para recabar y procesar información del sistema bancario, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para denunciar, según sea el caso, ante la Fiscalía General de la República, conductas que puedan tipificarse dentro de alguno de los delitos mencionados.

 Sin embargo, la UIF no tiene facultad para bloquear cuentas por sí misma, esto solo puede hacerlo la FGR, que además requiere la autorización de un juez federal. Pues es un grave acto de molestia contra la propiedad privada, que solo puede afectarse “en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente (FGR o un juez), que funde y motive la causa legal del procedimiento”, según el artículo 16 constitucional. De forma excepcional, la UIF podrá bloquear cuentas solo a petición de un gobierno extranjero, que previamente haya firmado un convenio con nuestro país, según la jurisprudencia 2a/J. 46/2018 10a, (17) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuera de este supuesto, la misma SCJN estableció que el actuar de la UIF es inconstitucional.

En los hechos, la UIF actúa como un órgano jurisdiccional, a pesar de formar parte del Poder Ejecutivo, que realiza acciones propias de un procedimiento penal, con la complacencia y el silencio tanto del poder Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos como la FGR, lo que, hecha por tierra, una vez más, la supuesta división de poderes que hay en nuestro país. Tal conducta es justificada por la 4T, como necesaria en el combate a la corrupción, aunque es claro que dicha consigna es utilizada de manera facciosa y electorera, pues no se ha procedido legalmente contra altos funcionarios del gobierno, cuya excesiva riqueza no puede explicarse como consecuencia de sus sueldos en el servicio público, dígase Manuel Bartlett, Irma E. Sandoval, Napoleón Gómez Urrutia, entre muchos otros.

 Así pues, el reciente bloqueo de cuentas bancarias de dirigentes y negocios del Movimiento Antorchista, es un acto ilegal que viola los principios de la Constitución. Además, sin que se notificaran las razones legales para tal acción, el titular de la UIF, Santiago Nieto, se apresuró a declarar ante los medios de comunicación que se trataba de una acción conjunta con las Fiscalías de Puebla y el Estado de México, por que “se habían detectado la entrega de cuantiosas sumas de dinero del gobierno pasado a la Organización”. El hecho se presenta en los medios como verídico, aunque el acusador no muestra prueba alguna ni los acusados han tenido la oportunidad de defenderse. Otra violación constitucional a los derechos de audiencia previa y presunción de inocencia.

 La actividad financiera del MAN es producto de 46 años de arduo trabajo, la mayoría de nuestros negocios existen desde antes del sexenio de Peña Nieto, nunca han sido un secreto (hemos realizado inauguraciones públicas en casi todos los casos y ofrecido ruedas de prensa, más de una vez, en las 32 entidades de la República para explicar su procedencia, operación y finalidad) y obedecen al deseo de poner en pie a una organización de mexicanos que luche por un mejor país, sin tener que depender de ningún patrocinador ni público ni privado. Nuestras gasolineras, restaurantes, hoteles, centros recreativos, pequeñas cooperativas y otros micro negocios son producto de la colecta pública que realizamos los antorchistas y de las aportaciones de nuestros propios militantes. Su existencia no nos avergüenza, por el contrario, nos llena de orgullo y de satisfacción y son una lección valiosa a la lucha social del mundo entero, pues una organización que se financia a sí misma, está en mejores condiciones de luchar por el bienestar del pueblo pobre, sencillamente porque no está en deuda con nadie.

 El presidente López Obrador, con motivo de los videos en donde se ve a Pío López Obrador recibiendo fajos de billetes, dijo en su mañanera que “todas las revoluciones se han hecho con dinero”, y es cierto, todas las organizaciones sociales y de lucha han necesitado de fuentes de financiamiento. Él dijo que el recurso recibido por su hermano eran aportaciones privadas de diversos simpatizantes de su causa, por lo que es legítimo y no hay nada ilegal en ello. Suponiendo, sin conceder, que esto sea cierto. ¿No es más legítimo y limpio que una organización genere su propio dinero mediante negocios lícitos y que rinden cuentas a las autoridades, como los del Movimiento Antorchista? Dejó en Usted, amable lector, la respuesta.

 Ante el embate judicial, los antorchistas nos defenderemos. Naturalmente que daremos la batalla legal ante los tribunales pertinentes, aunque, como he demostrado antes, no exista verdadera independencia de estos hacia el Poder Ejecutivo y se permita a la UIF actuar como fiscal, juez y verdugo, demostrando el desprecio que el régimen de la 4T tiene hacia la ley. Por lo que también haremos uso de nuestro derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica, pues como también dijo el presidente AMLO, cuando denunciaba persecución política de Vicente Fox: “cuando hay línea política, no hay ley que valga”. Llamamos a todos los mexicanos agraviados por la 4T (no a los chairos), a que vean en la agresión e intento de destrucción del Movimiento Antorchista un reflejo de lo que les espera a todos los opositores del régimen y a que, en este sentido, responda al llamado de unidad nacional que les realizamos fraternal y solidariamente a todos ellos, para luchar por el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho. Hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquiera.

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